Con sus líderes presos y con poca participación, los debilitados camioneros iniciaron ayer las movilizaciones con escasa convocatoria a nivel nacional. Los pocos participantes seguirán apostados al costado de algunas rutas, mientras sus voceros reclaman dudosas exigencias en la capital.

También hubo cierres intermitentes en el cruce Guaicá de Santaní y alrededor del mediodía levantaron las protestas.

Gremios de camioneros iniciaron ayer las movilizaciones que anunciaron, pero con escasa convocatoria de los trabajadores al volante, cuyos líderes están presos por denuncias de una supuesta extorsión a autoridades del Gobierno.

Ayer, tras una reunión de los representantes de los gremios con el titular de Petropar, Denis Lichi, en la planta de la estatal de Villa Elisa, en horas de la tarde, los voceros señalaron que continuarán con el paro a nivel país y que en los próximos días “fortalecerán” las manifestaciones.

Juan Villalba, presidente de la Central Obrera y Transporte del Paraguay, señaló que la primera exigencia para levantar el paro es que Petropar pueda comprar combustible “más barato”, exceptuando a las proveedoras extranjeras de la estatal a que tengan que presentar declaraciones juradas, de manera a eliminar intermediarios en las compras de combustibles de la empresa estatal. Dijo que esto se debe aprobar a través de una ley, lo que ya solicitaron en el Senado en horas de la mañana de ayer.

Esta exigencia ya había sido aprobada en la ley 6900/2022, en el artículo 6, que también subsidiaba los carburantes a Petropar, pero fue derogada al igual que la subvención de los carburantes a la estatal.

Llamativamente, los dirigentes camioneros piden una vez más el tratamiento de este punto, que sugestivamente también es bastante defendido por el cuestionado sindicalista de Petropar, Gerardo Parodi, que actualmente también actúa como vocero de los camioneros como “miembro” de la Central Obrera y de Transporte del Paraguay.

Villalba también señaló que otra de las exigencias es que se rechace el proyecto de ley del senador cartista Enrique Riera, que busca modificar el Código Penal para sancionar con penas de hasta más de seis años de cárcel a las personas que realicen cierre de las rutas a nivel país. Justamente el congresista anunció ayer que este jueves, en la sesión ordinaria del Senado, pedirá el tratamiento “sobre tablas” de este plan normativo.

El dirigente indicó que también exigen la derogación de la ley “Zavala-Riera”, que aumentó las sanciones penales por invasiones de propiedades.

Asimismo, la última exigencia es que la fiscalía demuestre si los camioneros acusados de una supuesta extorsión al Gobierno son culpables o no de haber pedido US$ 300.000 para no cerrar rutas.

Pérdida de fuerza

Consultado sobre la pérdida de fuerza del gremio de los camioneros, cuyos líderes están presos y por la escasa participación en las movilizaciones del sector, Villalba señaló: “No estamos perdiendo fuerza, creemos que estamos más fortalecidos. Sí hay oportunistas, pero después vamos a aclarar estas situaciones. Nosotros tenemos un compromiso con la clase trabajadora y las organizaciones, con todo el pueblo paraguayo. y nos comprometemos a no cerrar las rutas”.

Solo el titular de Petropar los recibió

El titular de Petropar, Denis Lichi, es la única autoridad del Ejecutivo que ayer se reunió con los representantes de los camioneros y hasta les ofreció una tarjeta prepaga que brindará un descuento de G. 400 en combustibles a todos los sectores transportistas. Pero los camioneros insisten con exigencias que son dudosas y que además nada tienen que ver con el sector.

Sobre la falta de reunión con las autoridades del Ejecutivo, Villalba señaló que todavía no tienen retorno para alguna reunión y que esto se estará viendo en los próximos días.

A su turno, Lichi dijo que el Gobierno en ningún momento cerró las puertas al diálogo. “No podemos considerar que los camioneros perdieron fuerza, pero sí uno va a tener mucho más cuidado en la forma de actuar”, expresó.

Caro subsidio a Petropar

El subsidio de la nafta 93 y el diésel común (tipo III) en Petropar, tendrá un costo de G. 39.000 millones al fisco, según informó ayer el titular de la estatal, Denis Lichi. Esto por los 15 días de vigencia de la ley 6.900, que autorizaba subvencionar los carburantes a la estatal y que fue derogada hace ocho días por violar la libre competencia.

Según Lichi, solo falta cerrar los números de una estación de servicio para culminar los cálculos, el cual tuvo problemas con su sistema informático. Señaló que en total Hacienda debe devolver G. 38.400 millones a Petropar por el subsidio correspondiente al mes de abril y G. 450 millones por el mes de marzo. Esto teniendo en cuenta unos 20.000 litros que falta cerrar de la venta de uno de los servicentros que tuvo el problema mencionado.

En total se vendieron 17 millones de litros de diésel común y 12,9 millones de litros de nafta 93, muy inferior a los 24 millones de litros de gasoil y 19 millones de litros de gasolina que informó Lichi la semana pasada. La subvención del gasoil común sobrepasó los G. 2.000 por litro, mientras que el subsidio de las naftas estuvo por debajo de esa cifra, según Lichi.

Tras la derogación de la Ley Nº 6900 que subsidiaba los precios de los carburantes a Petropar, la estatal tuvo que reajustar no solo el precio de la nafta 93 y del diésel común, sino que también aumentó los valores de la nafta 97 (super) y el diésel premium desde el miércoles último. Los incrementos fueron: diésel común G. 2.000; diésel tipo I, 1.350; nafta 88, 840; nafta 93, 1.400 y nafta 97, 750. Vende a precio más barato del mercado.