En primer turno, la Cámara Baja analizó la objeción total de Mario Abdo Benítez a la Ley 6708/21. El Gobierno calificó a esta normativa de inaplicable por su generalidad y por la falta de fondos para cubrir el universo estimado.
Los parlamentarios, principalmente de las zonas fronterizas con Argentina, cuestionaron el veto. Argumentaron que los fondos previstos eran suficientes y dijeron que se debe dejar de mentirle a la gente con cifras infladas a conveniencia. No obstante, no consiguieron los votos suficientes y la legislación quedó sepultada.
La Ley 6708/21 establecía asistencias de G. 500.000 para informales y G. 3.000.000 para comerciantes, ambos en tres ocasiones. Las ciudades beneficiadas serían Encarnación, Alberdi, Puerto Falcón, Nanawa, Ayolas, Pilar, Paso de Patria, Humaitá, Cerrito, General Díaz, Mayor Martínez, Villa Oliva, Villa Franca, Natalio, Mayor Otaño y San Rafael del Paraná.
Luz verde. No obstante, a renglón seguido, Diputados dio media sanción al proyecto de ley ideado por el Ministerio de Hacienda en coordinación con gremios empresariales. Este documento, que fue presentado apenas la semana pasada, pasó ahora al Senado.
Esta propuesta plantea llegar a las mismas ciudades de la ley vetada, pero prevé subvenciones de G. 1.096.420 para comerciantes, hasta en seis ocasiones; y de G. 500.000 para informales, hasta en dos ocasiones. El planteamiento dispone el uso de hasta USD 10 millones y prevé alcanzar a 43.000 personas.
10.000.000 de dólares es el costo que tendría la implementación del subsidio focalizado elaborado por Hacienda.
43.000 beneficiarios podrían recibir la subvención con media sanción. De ese total, 19.000 son comerciantes.
