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Fecha de publicacion: 2020-12-06
Casos de corrupción causaron daño por USD 1.000 millones
Procesados. Varios políticos que antes eran intocables ahora están bajo proceso judicial. Control. Grupo anticorrupción habilitó un portal para seguir paso a paso los casos escandalosos.

La organización Somos Anticorrupción Paraguay y miembros de la Coordinadora de Abogados del Paraguay, encabezados por María Esther Roa, vienen desde hace semanas hurgando en expedientes emblemáticos por casos de corrupción, con la venia de la Corte Suprema de Justicia. Para el efecto, y como una forma de dar transparencia, la organización habilitó la página web www.coapy.org.py, en la cual se puede seguir caso por caso y en la instancia en la cual se encuentra. Hasta el momento, de 27 causas penales investigadas, en 14 de ellas que guardan relación con lesión de confianza y estafa se detectó un daño patrimonial al Estado de más de G. 8 billones. La descomunal suma alcanza el total de G. 8.135.220.982.882, que al cambio actual en dólares supera los USD 1.000 millones.

“Lo que hicimos fue primeramente lograr una autorización de la Corte Suprema de Justicia para que yo pueda, junto a otros colegas, investigar y analizar 27 expedientes por corrupción, pero no podemos porque humanamente no damos abasto ya que no es fácil lo que estamos haciendo. De 27 expedientes, 14 investigan daño patrimonial ya que hay hechos punibles en donde no existe daño patrimonial, por ejemplo el caso del ex ministro de la Corte Óscar Bajac, acusado de cohecho pasivo y prevaricato. De 27 causas lo que logramos es obtener la información de 14 expedientes cuyos tipos penales guardan relación con lesión de confianza y estafa. Y solo en los 14 casos detectamos un daño patrimonial de más de G. 8 billones. Y eso está todo documentado”, afirmó Roa, quien lidera el grupo Escrache Ciudadano.

Casos pendientes. A modo de ejemplo, citó el caso del ex gobernador de Villa Hayes y ex diputado Óscar Venancio Núñez, hermano del diputado cartista Basilio Bachi Núñez, quien según el expediente de su caso ocasionó un daño patrimonial de G. 40 mil millones. Indicó que muchos procesos quedaron impunes ya que nunca hubo una organización que apueste por obtener los datos para poder apurar una sentencia.

“Por darte un ejemplo, en el caso de Óscar Venancio Núñez, el que fue gobernador de Villa Hayes y diputado, el daño patrimonial es G. 40 mil millones. Se ingresa a la página y se obtiene el dato con un click, y se observa que ese dato lo obtuvimos a través del acceso de información pública, preguntando a la Fiscalía el daño patrimonial en ese proceso penal y obviamente cotejamos con las acusaciones. Muchísimos expedientes quedaron impunes, por ejemplo el caso de Víctor Bogado y su primer proceso penal que tuvo cuando fue presidente de Conatel y quedó sobreseído, no porque no se encontraron pruebas, sino porque quedó impune ese proceso penal. Entonces con este mecanismo de trabajo lo que buscamos es controlar al órgano jurisdiccional y también al Ministerio Público para que puedan ellos hacer su trabajo y que termine la impunidad, y está dando buenos resultados. No existe ningún antecedente en el Poder Judicial de ningún organismo, ONG, o cualquier otra organización social o civil que esté haciendo este trabajo”, explicó la abogada.

Explicó que lo que buscan “lograr es que estos procesos penales vayan a juicio oral y se está logrando en algunos casos, y en otros estamos tratando de que salgan las resoluciones lo más rápido posible”, indicó.

Los casos. En el portal se puede observar de manera detallada cómo se encuentran los casos más emblemáticos de corrupción, como el del ex senador colorado Óscar González Daher, la ex intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, el ex rector de la UNA Froilán Peralta, o el del ex titular del Indert Justo Cárdenas, casos que acapararon la atención de la ciudadanía por varios meses y que dejaron un desfalco millonario a las arcas del Estado.

Otro de los casos de corrupción que acapararon la atención fue el del diputado Tomás Rivas o el del propio ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, o el del ex ministro del Interior durante el Gobierno de Fernando Lugo, Rafael Filizzola.

Así también, se puede ingresar a cada expediente y observar en qué estado se encuentra y qué medidas se tomaron al respecto.

De esta forma, la ciudadanía puede estar permanentemente informada y velar por los intereses del país, además de hacer un control.

Peticiones. Roa indicó que el grupo que lidera presenta constantemente acciones ante la Corte, de modo a destrabar los casos y que los mismos no queden en el famoso oparei. Indicó que las exorbitantes cifras están documentadas y tienen un respaldo del propio Ministerio Público.

“Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es estar detrás, destrabar, pedir a la Corte un urgimiento, presentamos una nota para que puedan resolver rápidamente. En otras épocas nadie hacía eso y entonces los expedientes quedaban muchos años en la Sala Constitucional, Sala Penal, en la Sala de Apelaciones o en los mismos juzgados de Garantía. Hoy ya no es así. Nosotros nos hicimos cargo de estos expedientes emblemáticos para hacerles entender de que hay un grupo de ciudadanos que estamos detrás de esto luchando contra la corrupción” , manifestó.

Roa invitó a la ciudadanía a ser partícipe y contralora de los casos que se dilatan por negligencia o complicidad del Ministerio Público o de la Corte.

“Los escraches no cambian las estructuras”
Para la abogada María Esther Roa, miembro de la Coordinadora de Abogados y principal líder de la Comisión Escrache Ciudadano, manifestó que decidió cambiar el eslogan de dicha organización porque quedó demostrado que con los escraches no se cambian las estructuras. “La corrupción es estructural y sistémica; vos podés cambiar una persona por otra persona y sin embargo no estás cambiando la estructura de la corrupción, entonces creamos una sociedad civil que se denomina Somos Anticorrupción Paraguay, y queremos cambiar a la sociedad civil más informada, organizada y más crítica”. En ese contexto, dijo que se tienen dos proyectos de trabajo a nivel país, como la consolidación del grupo social y trabajar en el Poder Judicial, además de apuntalar y recuperar la Fiscalía General del Estado.



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