La denuncia fue realizada por el exconcejal Arnaldo Guillen, en el 2016 ante el Ministerio Público y a consecuencia de ello, la Contraloría llevó adelante un examen especial a la ejecución de los recursos en concepto de  Royalties y compensación, el Fonacide, comentó el Abg. Javier Cáceres, de la defensa. 

Tras analizar documentalmente cada rubro presupuestario, emitió un dictamen donde incluyó una serie de recomendaciones, donde indicaba qué se tenía que mejorar y le intimó al intendente a presentar en un plazo de 30 días hábiles un plan de mejoramiento donde debe presentar y ejecutar cada observación asentada en el dictamen. 

Además, concluyó que no se detectó hecho punible respecto al uso de los fondos mencionados. “En el punto seis dice reporte, sobre indicios de hechos punibles contra el patrimonio y/o comunicación interna CGR, y coloca las siglas de No Aplica, es decir que no hubo hecho punible”, refirió el abogado. 

Comentó que la denuncia fue hecha con un trasfondo político, ya que una vez concluido el mandato (segundo periodo) de su defendido, asumió su hermano y el denunciante encabezaba la oposición ─en un internismo dentro del partido liberal─ y la  intención era derribar al clan Gónzalez, comentó. 

Siguió relatando que en 2019 tuvo un sobreseimiento provisional, sin embargo, la causa fue reabierta por la fiscal Gloria Gamarra y su acusación fue una copia de las observaciones de la Contraloría, pero atribuyéndole un perjuicio de G 299.498.077, mientras que la querella acusó por un presunto daño de  G2.105.327.439. 

Ya durante la audiencia preliminar, y con el fin de traer la paz de nuevo  ─dijo Cáceres─ el exjefe comunal ofreció una reparación del daño a través del enripiado de 20 kilómetros de caminos internos de la ciudad, lo que fue rechazado por la querella adhesiva en representación de la Junta Municipal, por lo que la causa fue elevada a juicio. 

Cáceres comentó que el Tribunal de Sentencia, durante el juicio, se constituyó en todos los sitios donde se invirtieron los recursos, comprobando la existencia de los mismos, además quedó probado que cada desembolso contaba con respaldo documental. 

El fiscal Carlos Maldonado solicitó la pena de 5 años de cárcel más 3 años de inhabilitación para acceder a cargos públicos, pero el Tribunal, en una sentencia que fue dada a conocer alrededor de la medianoche del lunes, concluyó que la Fiscalía no pudo probar el daño patrimonial.  “Rubro por rubro, el Tribunal empezó a hacer la discriminación y no pudo encontrar el daño patrimonial y mencionó que la acusación es el reflejo del informe de la Contraloría, mencionado en forma genérica y no supo precisar de dónde salieron los G 299 millones de perjuicio”, complementó el profesional. 

La sentencia íntegra se dará a conocer el lunes 13 de enero.

El Observador