Como sucede en cada ejercicio, directivos de las instituciones estatales desfilan ante la Comisión Bicameral de Presupuesto para solicitar incrementos por encima del PGN entregado por el Ejecutivo. Ayer el Ministerio de Desarrollo Social pidió G. 37.000 millones más, Contraloría otros G. 7.000 millones; Niñez G. 22.083 millones y Diben G. 30.000 millones.

LAS CUATRO INSTITUCIONES QUE "DEFENDIERON" AYER SU PRESUPUESTO

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, durante una reunión llevada a cabo en Palacio de Gobierno había requerido a los ministros y autoridades de entidades públicas que las solicitudes de adenda o aumentos presupuestarios sean canalizados a través de la cartera fiscal, atendiendo a que existen pocos recursos para financiar todo el gasto de las instituciones.

Aun así, al defender su presupuesto 2022 ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) solicitaron un incremento de G. 37.466 millones (US$ 5,4 millones) para fortalecer los programas destinados a la población más vulnerable, según dijeron.

El ministro de Desarrollo Social, Mario Varela, explicó a los legisladores que la entidad cuenta con un presupuesto aprobado de G. 512.645 millones (US$ 74,5 millones al cambio vigente) y que para el próximo año se prevén 529.665 millones de guaraníes (US$ 76,9 millones), lo que implica un aumento del 3%.

Dijo que será para Tekoporã

Varela señaló que para el año venidero solo se prevé una suba en el programa Tekoporã, mientras que en el caso de los demás quedan congelados al mismo nivel del ejercicio vigente o incluso serán disminuidos esos fondos destinados a la administración operativa del organismo que dirige.

Ante esa situación anunció que ya planteó al Ministerio de Hacienda una adenda al proyecto de presupuesto 2022 por G. 37.466 millones (US$ 5,4 millones), de tal modo a beneficiar a más familias en los diferentes programas, tales como Tekoporã, comedores comunitarios, asistencia a pescadores, programa Tenonderã, la implementación de la nueva ley de donación de alimentos, así como recursos para la operatividad de la entidad.

El ministro expuso ante los congresistas que en lo que respecta al programa Tekoporã, este año se asiste a 162.817 familias y para el año venidero se pretende llegar a 170.000 en total; y con el programa Tenonderã la meta es ayudar a 9.500 familias participantes, con capital semilla; mientras que por la vía del programa Tekoha se quiere regularizar inmuebles en un total de 3.000 contratos.

Además, mencionó que a través de los comedores comunitarios se buscará beneficiar a 17.500 personas, y en ese sentido destacó la importancia de contar con fondos para el programa de ollas populares en todo el país, atendiendo a que en esta pandemia se asistió a 162.525 participantes. En cuanto al subsidio a pescadores, dijo que se pretende llegar a 4.500 familias.

No partidizar el subsidio

Luego de la exposición se abrió la etapa de consultas y opiniones de los parlamentarios. El senador Stephan Rasmussen (PPQ) adelantó que en octubre próximo, cuando la Comisión Bicameral delibere, planteará destinar más recursos para comedores comunitarios y se convierta en un apoyo más integral, para lo cual están trabajando en un proyecto de ley con el Ejecutivo y las organizaciones sociales.

El diputado Édgar Acosta (PLRA), por su parte, le señaló al ministro Varela que recibió denuncias de que los programas están partidizados y le pidió que la asistencia se realice a todas las personas necesitadas sin tener en cuenta su afiliación política.
Varela respondió que están haciendo un trabajo en donde se busca transparentar las acciones, pero reconoció que existen vicios que no son patrimonio de un solo partido y que, en ese sentido, se solicitó sumarios e informes para tomar las medidas correspondientes.

La diputada Jazmín Narváez (ANR) señaló que esperaba que las denuncias sean desvirtuadas y que se trate solo de rumores, pero que de ser ciertas van a analizar el caso y en ese sentido le indicó a su colega Acosta que se fije también en su distrito, donde todo sería de color azul y politizado.

El presidente de la Comisión Bicameral, senador Juan Darío Monges (ANR), dejó en claro en más de una ocasión que los aumentos presupuestarios deben ser planteados como una adenda desde Hacienda.

CGR, casi US$ 1 millón más

El contralor general de la República, Camilo Benítez, solicitó a la Comisión Bicameral la aprobación de recursos dentro del proyecto de presupuesto 2022 para el pago de bonificaciones a auditores por las auditorías realizadas y para la compra de un terreno para la construcción de oficinas. Benítez no dio mayores detalles del plan de gastos que pretende ejecutar la entidad como lo hicieron las autoridades que estuvieron antes en la audiencia, sino que se limitó a señalar que representa apenas 0,16% del total del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 y que en los últimos años ha sufrido recortes, por ejemplo citó que este año es 7% menos con respecto al ejercicio pasado.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda, este año dicho organismo tiene aprobado un presupuesto de G. 154.621 millones (US$ 22,4 millones) y para el año venidero se prevén G. 151.925 millones (US$ 22 millones), o sea, una reducción de 1,7%.

El contralor específicamente solicitó a la Comisión Bicameral que apruebe recursos para el pago de una bonificación para el “trabajo misional” que realizan los auditores, pero no mencionó el monto, y G. 7.000 millones (US$ 1 millón al cambio vigente) para la compra de un terreno para edificar oficinas. A modo de ejemplo, citó que con el pago de la bonificación aumentó considerablemente la cantidad de informes y denuncias realizadas por la Contraloría.

Dijo que más de 5.000 estudios fueron presentados al Congreso, solo en el último informe sobre la ejecución del año anterior meramente financiera; y que informes de cumplimiento y de obras hay más de 82, labores importantes a la vista de la ciudadanía, refirió.

Niñez habla de 143 huérfanos y Diben, sin remedios

El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia tiene registrados 143 niños huérfanos por la muerte de los padres por covid-19 y la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) tiene 6.000 solicitudes de asistencia que no puede responder por falta de recursos, según informaron las titulares de las referidas entidades a la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso.
La comisión presidida por Darío Monges recibió a la ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez, quien detalló los programas que ejecuta la entidad y los fondos disponibles, así como las dificultades en su funcionamiento porque está dispersa en casas alquiladas. Dijo que este año el Ministerio cuenta con un presupuesto de G. 83.626 millones (US$ 12,1 millones) y para el año que viene se prevén G. 80.969 millones (US$ 11,7 millones), lo que implica 3,1% de reducción.

Refirió que están trabajando con Hacienda para incorporar al plan de presupuesto 2022, por adenda, G. 22.083 millones (US$ 3,2 millones) que provienen del Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación aprobado en este mes para la atención de la primera infancia (de 0 a 3 años), para lo que se prevé habilitar 19 centros integrales.

La senadora Desirée Masi consultó a la ministra, entre otros puntos, la asistencia que se les brinda a los niños que quedaron huérfanos por la muerte de sus padres por covid-19. Martínez respondió que tienen registrados 143 en total y que están trabajando al respecto para asistir sicológicamente a los menores.

Diben sin medicamentos

La directora general de la Dirección Nacional de Beneficencia (Diben), Carmen Alonso, informó a la Comisión Bicameral que solicitaron a Hacienda una adenda para el proyecto de presupuesto 2022, atendiendo a que la falta de recursos le impidió responder más de 6.000 solicitudes planteadas por la gente. Explicó que este año se tiene un presupuesto de G. 53.219 millones (US$ 7,7 millones) y para el año venidero se dispuso G. 53.490 millones (US$ 7,7 millones), por lo que plantea un incremento vía adenda de G. 30.000 millones (US$ 4,3 millones).

También expresó que la Diben está sin stock de stent, de válvulas, marcapasos y medicamentos oncológicos y que para atender ese déficit se solicitó una ampliación por US$ 2 millones, que fue aprobada por el Congreso y que están esperando poder ejecutar desde el próximo mes de octubre.

Llamativamente, Diben estuvo de acuerdo para reducir el canon que pagan las concesionarias de juego de azar en 2020. Pero hoy llora sus miserias.