En diálogo con Infobae, Federico González, Ministro Asesor del Presidente Mario Abdo Benítez, dio su versión sobre la controversia que rodea el caso

En los últimos días el gobierno de Paraguay fue foco de fuertes críticas nacionales e internacionales tras el enfrentamiento armado de la semana pasada entre el Ejército y la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), que provocó la muerte de dos niñas de 11 años. Por estas horas una de las polémicas gira en torno a la nacionalidad de las víctimas, y el proceder de las autoridades.

Federico González, Ministro Asesor del Presidente Mario Abdo Benítez, dialogó con Infobae sobre lo ocurrido en el norteño departamento de Concepción y brindó la versión del Gobierno en medio de los cuestionamientos.

El pasado miércoles 2 de septiembre, dos grupos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) llegaron a un campamento del grupo guerrillero “y fueron recibidos a balazos”. “Hubo dos enfrentamientos con casi 30 minutos de diferencia. Como resultado, y en persecución a los que corrieron, lastimosamente quedaron dos menores como bajas”.

El funcionario detalló que los uniformados fueron atacados por “un retén” del grupo criminal, conformado por cuatro personas. Los guerrilleros escaparon, y dejaron “a las menores en ese lugar como reten”.

Tras el operativo, las niñas fueron enterradas el mismo miércoles y sin ser identificadas, atendiendo al protocolo por la emergencia sanitaria de la Covid-19. Con el mismo argumento del coronavirus, los efectivos quemaron las prendas de las víctimas. “El Ministerio Público aplicó el protocolo vigente por la Covid y procedió a estas dos medidas, pero dejando pruebas a través de fotografías, videos, verificación de los cuerpos, uniformes, ropas utilizadas, todas esas pruebas quedaron registradas”, indicó González, quien agregó que pese a que las prendas fueron quemadas, se tomaron “recortes de esas telas”.

El primer examen de la Fiscalía determinó que las niñas tenían entre 15 y 17 años. Versión que se mantuvo hasta el sábado pasado a la noche. La mañana del sábado, la Fiscalía solicitó la exhumación de los cuerpos, enterrados en una fosa común del cementerio municipal de Yby Yaú, la zona donde se produjeron los enfrentamientos. Esa noche, tras el nuevo peritaje forense, se confirmó que las menores tenían 11 años y una diferencia de unos meses.

Luego, otro interrogante que surgió fue la nacionalidad de las niñas. Mariana de Villalba, presentada como abuela de las niñas, fue entrevistada en Misiones (Argentina), donde denunció que las autoridades paraguayas “mataron” a las menores de edad “y no saben cómo salir de la situación”. Según afirmó el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, las víctimas estaban viviendo con Villalba hasta que viajaron a Paraguay para conocer a sus padres. En esa línea, la cancillería argentina confirmó la nacionalidad de las menores, a partir de la información del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que fueron remitidas a las autoridades paraguayas.

El fiscal del caso, Federico Delfino, declaró tras el segundo análisis que las niñas ingresaron desde Argentina el pasado noviembre y junto a sus “supuestas madres”, las cuales habrían entregado a las menores “al grupo criminal y las habrían dejado en ese sitio (el campamento guerrillero)”. El fiscal identificó a esas mujeres como Miriam Villalba y Laura Villalba, pero aclaró que no serían “las madres biológicas”. Y agregó que las menores podrían ser hijas de Magna Meza y Osvaldo Villalba, y de Liliana Villalba y Manuel Cristaldo, señalados por el Gobierno como líderes en activo del EPP.

“Tenemos serios indicios basados en información de inteligencia de que son paraguayas, y que los nombres de las madres que figuran en sus documentos no son correctos. Las menores eran hijas de los líderes del grupo, aunque en los documentos figuraban otros nombres”, indicó González. Y agregó: “En el de una de ella aparece el nombre de la señora Miriam Villalba, y en el otro Laura Villalba. Pero de acuerdo a las evidencias que fueron encontradas, incluso manifestaciones de la abuela de las menores y de la supuesta madre, ellos manifestaron que vinieron a conocer a ‘sus padres’”.

El Ministro Asesor del Presidente reconoció que las niñas “no fueron registradas en el sistema de identificación” del país, por lo que en un primer momento no pudieron identificarlas. “Cuando sucedió el hecho se hicieron las consultas pertinentes, incluso con huellas dactilares, entonces se recurrió a países amigos, incluyendo a la Argentina. Allí tampoco apareció en primera instancia; en el Renaper sí figuraban como nacidas en la ciudad de Clorinda. Pero tenemos información de que nacieron acá, y los datos que figuran son falsos, comenzando con los nombres de las supuestas madres”.

El funcionario sostuvo que “las identidades ya están confirmadas, y los cuerpos fueron entregados a los familiares”. De acuerdo a su versión, parientes de los líderes del EPP reclamaron los cuerpos: “Se presentaron a reclamar los cuerpos, lo que comprueba la relación familiar. Uno de ellos era hermano de uno de los líderes”.

Pese a todo esto, y a que ningún guerrillero fue capturado, el Gobierno aseguró que el operativo “fue un éxito”. “Desde el punto de vista táctico fue la primera vez que se llegó al campamento del grupo criminal. Materiales, armamentos e información que se pudo obtener hace que el resultado sea positivo. Sí lamentamos que el grupo criminal haya utilizado a menores”, explicó González, quien apuntó que una de las víctimas fue obligada a participar del enfrentamiento armado: “Hay pruebas de parafina que demuestran que una de ellas disparó”.

Además, el funcionario defendió el operativo llevado a cabo por la Fuerza de Trabajo conjunta: “Esta intervención fue autorizada por disposición judicial, con acompañamiento del Ministerio Público, y basado en una ley vigente. Entonces de alguna forma los tres poderes del Estado han intervenido, y el operativo está sustentado en el marco de la ley”.

Denuncia por reclutamiento de niños

El Gobierno de Paraguay anunció este martes que presentará una denuncia contra la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) por el presunto reclutamiento de menores de edad, en plena polémica por la muerte de las dos niñas. La Procuraduría General, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, y el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) anunciaron que ampliarán la denuncia ante la Fiscalía para la investigación de las muertes.

“Esta gente está utilizando a menores de edad para cometer hechos delictivos y delincuenciales. Eso lo que nos preocupa, y lastimosamente, en un operativo que en realidad fue una patrulla de reconocimiento, murieron dos niñas (...) Son menores que estaban siendo utilizadas por sus propios padres. Los integrantes del grupo corrieron, dejando a sus hijas como centinelas, las abandonaron”, comentó González.

La denuncia también refiere la utilización de indígenas menores en actividades criminales. Según adelantaron las autoridades, el escrito será entregado a la unidad fiscal encargada de la investigación. El Procurador General de la República, Sergio Coscia, expresó la preocupación del Gobierno en relación a las evidencias encontradas en el campamento del EPP, tras el enfrentamiento ocurrido en una zona boscosa, cercana a la ciudad de Yby Yaú, distante a 357 km de Asunción.

“Las evidencias demuestran la utilización de niños para ser nuevos integrantes del grupo criminal. El grupo se vio obligado a utilizar a sus propios hijos, nacidos en los campamentos. Son llevados al exterior para ser criados y donde son ideologizados y nuevamente reinsertados al grupo armado como integrantes activos”, expresó el Procurador. Añadió que las pruebas que fueron recabadas por las fuerzas del orden “demuestran claramente que este grupo criminal está incorporando dentro de sus filas a menores de edad”.

González también remarcó que la información y pruebas encontradas “servirán para el proceso judicial”.

“Se están utilizando niños que no sabemos de dónde vienen”, dijo la ministra de Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez, al anunciar la presentación de la denuncia. La funcionaria no supo precisar cuántos menores estarían en manos del EPP, aunque ha apuntado que serían “varios”.

Crítica internacional

Las polémicas en torno al caso provocaron un fuerte cuestionamiento por parte de países y organismos internacionales. Incluso ocasionaron una tensión diplomática entre Paraguay y Argentina, luego de que el gobierno de Alberto Fernández exigiera un esclarecimiento sobre lo sucedido al conocerse que las víctimas tenían documentos argentinos.

González reconoció que, como ambos países vienen trabajando desde hace mucho tiempo de forma conjunta en varios temas como seguridad y narcotráfico, a las autoridades locales les “sorprendió el tenor del comunicado” argentino. Pese a esto, aclaró que el Ejecutivo de Abdo Benítez ya emitió su posición, y aportó la información correspondiente a las autoridades argentinas. “No hay ningún inconveniente”, aseguró.

Naciones Unidas, a través de la oficina regional de Derechos Humanos, con sede en Santiago de Chile, apeló a una investigación “sin demora y de forma imparcial”. “Se trata de un hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el Estado debía proteger, como parte de su obligación de garantizar los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes en el país”, dijo el representante en América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en tanto, pidió a Paraguay “investigar las circunstancias de la muerte de las adolescentes y redoblar esfuerzos en la adopción de medidas para prevenir el reclutamiento forzoso” de niños por parte de los “grupos armados en el país”.

Sobre estos cuestionamientos, González explicó que “esos pronunciamientos fueron realizados sin consultas previas”. “Nuestras representaciones diplomáticas han entrado en contacto y están transmitiendo tal cual sucedieron los acontecimientos”.