Blanca Cristaldo Olmedo (47) presentó denuncia en la fiscalía de Concepción por supuesta Ursurpación de funciones públicas, coacción y privación ilegítima de libertad en contra de varios ciudadanos, entre ellos, el hijo de su finado marido radicado Pedro Juan Caballero.

Según la denuncia, el violento desalojo ocurrió este jueves en el establecimiento Las Mellizas (795 hectáreas) ubicado en el asentamiento Santa Luisa del distrito de Sargento José Félix López (Puentesiño) hasta donde llegó una comitiva encabezaba por un abogado identificado como Avelino Ávila, que fungió la figura de juez y acompañado de un policía retirado con uniforme y arma de nombre Luis Miranda, varios civiles armados, dos oficiales de justicia y el director policial de Concepción Crio. Crescencio Portillo.

La denuncia añade que el recurrente es Rodolfo Ortiz, hijo de Julio César Ortíz, fallecido hace unos meses, quien dejó el referido inmueble a su exesposa Blanca Cristaldo Olmedo. El hijo recurrió a la justicia, planteó una medida cautelar en el marco de un proceso de Interdicto de recobrar posesión. El juez interino de Concepción, Mateo Fabián Amarilla Noceda dio la orden que se cumplió este jueves.

La mujer estaba en el establecimiento con sus dos hijos Edison Mateo (22) y Richard Daniel (19), una mujer y el abogado de la familia, más el personal de la estancia con hijos menores. “Fueron muy violentos conmigo, me esposaron, me metieron en la pieza y me maltrataron, me toquetearon, no le dejaron a mi abogado ingresar junto a mí”, señaló Blanca Cristaldo. Añadió que en todo momento la orden la daba el abogado Avila que decía ser el juez incluyendo a los agentes policiales.

Dijo que no tuvieron tiempo ni para hacer un inventario y que quedaron sus pertenencias tales como 200 cabezas de ganados, ovejas, chanchos, caballos, maquinaria, dinero y pertenencias personales. “Salimos con las ropas puestas, no nos dieron tiempo ni hacer inventario”, agregó la mujer.

Por su parte, su abogado, Félix Vargas, indicó que el proceso judicial no podría haber sido cortado con una medida cautelar, ya que está en juego el inmueble que corresponde al Indert. “Todo fue premeditado fuera de todo ámbito legal más aun con atribuciones fiscales y judiciales a personas particulares”, señaló.

La denuncia fue radicada en la unidad penal de turno Carolina Quevedo de Concepción.