La fiscala Estela Ramírez, quien investiga el caso de agresión a un niño de 13 años en Ciudad del Este por haber comido una banana sin permiso de un vendedor ambulante, dijo que están buscando localizar al autor del hecho, que se viralizó ayer en redes sociales. Además, explicó que la víctima sufre de adicción a las drogas, raquitismo, problemas dentales y su madre vive en la pobreza extrema. La agente contó que el niño estaba en un programa de protección social que “evidentemente” no funcionó.

Ramírez conversó dijo este martes sobre este hecho que sucedió ayer y trascendió en las redes. Según las imágenes, ocurrió al costado de la ruta PY02, en la zona del semáforo, en el barrio La Blanca. La agente dijo que el niño fue entregado a su padre, ya que su mamá está en la extrema pobreza. Tampoco descartó procesarlos por violación del deber de cuidado y dijo que la madre sostuvo que “ya no puede con él” en el sentido de que sufre una profunda adicción a las drogas.

“Él es un niño adicto. La madre refiere que ya no puede con él, que varias veces recurrió al Ministerio de la Niñez (…) Necesita atención de salud, atención odontológica, desintoxicación”, dijo la agente, quien precisó que la víctima estaba dentro de un programa de protección social que “evidentemente no funcionó”.

“Creo que el niño está en un programa, pero evidentemente que el programa no funcionaba. Es triste la condición en la que le encontramos a este niño”, sostuvo.

“Nos acercamos a su madre, viven en situación de extrema pobreza. Se entregó al niño al padre. También se investiga quién pudo ser el hombre que lo agredió. Es un niño en estado de vulnerabilidad. Se está trabajando en la identificación de este sujeto que habría golpeado brutalmente a este niño por la sustracción de una banana”, añadió la fiscala.

La agente lamentó la inacción de las personas que filmaron el hecho porque ninguno asistió al niño ni intentó detener al agresor. Más aún, reprochó la actitud de algunos perfiles en las redes sociales que felicitaron al hombre que lo golpeó, indicando que el trasfondo social que sufre el niño es mucho más profundo. “La gente vio al niño que estaba siendo golpeado y estuvieron grabando, sacando su celular (…) nadie le auxilió”, señaló.

En ese sentido, dijo que existe una violación del deber de cuidado por parte de los padres, pero que también se debe comprender que la persona con la que vive está en la extrema pobreza.

“Nos estamos encargando. Fuimos junto a la Defensora, hablamos con los padres. Eso no significa que no sean procesados. Es una flagrancia la violación del deber de cuidado”, concluyó la fiscala.