La Fiscalía imputó este miércoles a un policía por supuestamente entregar su pistola a un camarada, procesado por homicidio doloso. Entregó el arma al Ministerio Público, a sabiendas de que la misma no fue la utilizada para la comisión del crimen.

Según el escrito fiscal, el policía presumiblemente entregó una pistola 9 milímetro a su camarada Ariel Sanabria, quien está procesado por un hecho de homicidio doloso.

El fiscal Gabriel Segovia Villasanti, titular de la Unidad Penal 6, imputó al suboficial inspector Edgar Andrés Escobar Samudio por los supuestos hechos punibles de transgresión de la Ley de Armas y frustración de la persecución y ejecución penal. El uniformado quedó a disposición del Juzgado Penal de Garantías.

Según el escrito fiscal, el encausado presumiblemente entregó una pistola 9 milímetros a su camarada Ariel Sanabria, quien está procesado por un hecho de homicidio doloso.

Luego, este último proporcionó el arma de fuego al Ministerio Público para la realización de una pericia balística, a sabiendas de que la misma no fue la utilizada para la comisión del crimen.

El homicidio ocurrió el 4 de agosto de 2021, a las 14:40, durante una persecución policial a un automovilista de nombre Noor Mohamad Salan Cardozo.

En esa circunstancia, Ariel Sanabria habría realizado disparos de arma de fuego, impactando uno de los proyectiles en Osvaldo Barrios, quien en ese momento estaba sentado frente al local denominado Amortiguadores Paraná, de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, esperando la reparación de su automóvil. La víctima fue auxiliada por su esposa a un centro asistencial, pero luego se confirmó su fallecimiento.

Con el cambio de pistola, el supuesto homicida impidió que sea sometido a una medida por un hecho antijurídico cometido presuntamente.

Por lo tanto, tras reunir los elementos de sospecha, el representante del Ministerio Público abrió el proceso penal en contra del suboficial Edgar Andrés Escobar y solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva.

Asimismo, el fiscal Segovia Villasanti requirió tres meses de plazo al Juzgado de Garantías para la presentación del requerimiento conclusivo.

 

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