El titular del Ministerio Público accedió a un diálogo con los medios durante el acto de egreso del Cimefor en la mañana de este jueves y fue consultado sobre el contenido de los chats de Eulalio Lalo Gomes. Primero contestó, “pregúntele al juez” y luego volvió a fustigar contra él.

“En este caso, el juez se apropió de las evidencias esenciales y las distribuyó para las desgrabaciones. Esa es una emanación del Poder Judicial, en el cual nosotros somos también parte peticionante”, reforzó.

En otro momento manifestó que la investigación por parte del Ministerio Público “depende” de Osmar Legal, ya que "él tiene en su poder” aún el contenido de los mensajes de Lalo.

“Para mí es realmente preocupante y difícil. Nosotros tenemos que acceder a la información. El Ministerio Público es el que forma el caso. Nosotros no tenemos fuerza propia ni operatividad y la información que nos brindan, nos sirve para crear evidencia”, agregó.

El fiscal general del Estado sostuvo que sería “apresurado” emitirse al respecto al ser insistido sobre el tema puesto que solamente cuenta con la información divulgada hasta el momento por la prensa.

“Alguien filtró del otro lado la información. Yo no estoy culpando a nadie. Simplemente digo, espérennos a conseguir toda la información”, recalcó.

El diputado Orlando Arévalo (ANR-HC), principalmente salpicado por los chats, a estas alturas se encuentra analizando el retiro de su renuncia de la Cámara de Diputados, que presentó días pasados tas el escándalo político. 

También dimitió de su puesto de vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde fue titular en otro periodo y habría ocurrido los actos de corrupción ligado al legislador cartista asesinado en agosto pasado.

El escándalo saltó tras el peritaje del teléfono celular del legislador fallecido Eulalio Lalo Gomes, que autorizó el propio juez Osmar Legal.

El JEM, el órgano que juzga a jueces y fiscales, dio entrada a los antecedentes de dos magistradas, Carmen Silva y Ana Aguirre, ligadas también al esquema, a fin de iniciar el conteo de 20 días hábiles para dar trámite oficioso de una investigación preliminar o enjuiciamiento.

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