El Consejo de Administración del IPS anunció ayer que decidió suspender la ejecución del contrato que había otorgado a la firma Green SA, de Hugo Wilson Armoa, para la compra de un sistema informático por G. 40.000 millones. Sin embargo, el titular del ente, Andrés Gubetich Mojoli, siguió defendiendo la adquisición. Según informe de la Contraloría, el proceso estuvo direccionado y aún así IPS continuó con la operación.

El anuncio de la suspensión de la ejecución del contrato por parte del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) fue dado a conocer a través de las redes sociales. Fue apenas de 24 horas después de que el mismo Consejo de Administración emitiera un comunicado anterior en el que sostenía que todo el llamado había cumplido los requisitos.
El IPS decidió ignorar abiertamente el informe de la Contraloría General de la República (CGR) que advertía que la compra de un software por G. 40.000 millones había incumplido la Ley de Contrataciones Públicas.

La CGR remitió el 3 de diciembre pasado el informe final de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI) en la que se alertaba de las irregularidades que formaron parte del proceso licitatorio.

La nota, firmada por el contralor general Camilo Benítez Aldana, iba dirigida al presidente de la previsional, Andrés Gubetich Mojoli. El documento tenía fecha de 3 de diciembre.
Ese mismo 3 de diciembre, el IPS confirmó la recepción de la nota. Así lo certifica un sello de Mesa de Entrada de la Secretaría General de la previsional.

A pesar del informe, el IPS siguió con una nueva adjudicación a la firma Green SA, de Hugo Wilson Armoa, la misma que había sido beneficiada con el direccionamiento y las irregularidades varias denunciadas.
La previsional, encabezada por Gubetich, emitió el código de contratación varias semanas después de haber recibido el informe de la Contraloría.

El 22 de diciembre, el IPS emitió el código de contratación (CC) para adjudicar a la firma Green SA con G. 39.886 millones (unos US$ 5,7 millones).

La orden de compra, por su parte, fue publicada por el IPS el 17 de diciembre. Es decir, la orden de compra fue publicada 14 días después de haber acusado recibo del informe de la Contraloría. Y el código de contratación fue emitido 19 días después.

Direccionamiento
El IPS destinará G. 39.886 millones (unos US$ 5,7 millones) para la adquisición de un sistema de gestión hospitalaria (HIS por sus siglas en inglés) para el hospital regional y los centros asistenciales de la previsional en el departamento de Alto Paraná.
El proceso figura bajo el ID 374.857 en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
El proceso de licitación había sido frenado ya en mayo pasado, luego de que la Cámara Paraguaya de la Industria del Software (Cisoft), denunciara una serie de irregularidades en el llamado. Sin embargo, la previsional siguió con el proceso y finalmente volvió a adjudicar a la empresa de Armoa, un exfuncionario de la Fundación Tesãi de Itaipú, en la semana de las fiestas de fin de año.

La denuncia de la Cisoft generó que intervinieran en el proceso tanto la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) como la Contraloría General.
La DNCP ordenó la anulación de la adjudicación de Green en octubre, pero el IPS insistió.
La CGR, por su parte, detectó varias irregularidades.
El ente de control abrió una Fiscalización Especial Inmediata (FEI) sobre varias de las compras realizadas por la previsional, entre ellas la adquisición del sistema informático.

El primer punto cuestionado por la CGR fue que el IPS no presentó evidencia alguna sobre la realización de un estudio que justificara la necesidad para la adquisición.

La previsional intentó justificar la carencia de ese estudio en su descargo, pero la CGR concluyó que no se remitió documento alguno que confirmara la realización del estudio ni información nueva al respecto.
El punto más grave es el que aparece en la observación 11 del Informe Final de la FEI realizada por la CGR. “En el pliego de bases y condiciones, se han establecido requisitos que podrían ser cumplidos por un solo oferente”, señala el documento al respecto.

En resumidas cuentas, el órgano de control detectó direccionamiento en el pliego de bases y condiciones de la licitación. Pero pese a las graves denuncias de este proceso, el titular del IPS siguió defendiendo la operación millonaria. Al Consejo no le quedó otra opción que dejar sin efecto la ejecución del contrato.