Las provincias interponen demandas para recibir fondos del Estado, que cortó los envíos para cumplir con el ajuste fiscal. Ahora, Chubut amenaza con cortar el envío de gas y petróleo.

 

BUENOS AIRES

El plan de ajuste fiscal puesto en marcha por el Gobierno argentino ha desatado un creciente conflicto con los gobernadores provinciales, a quienes el presidente Javier Milei acusa de bloquear sus ambiciosas reformas económicas, mientras su Administración profundiza el recorte de giros de fondos a los distritos del país.

El enfrentamiento va en aumento: de los cruces verbales, pasó a la Justicia –varios gobernadores han acudido a tribunales federales y la Corte Suprema– y ahora varias provincias petroleras amenazan con cortar el suministro de hidrocarburos el miércoles próximo si el Estado nacional no les transfiere los fondos que reclaman.

De las 23 provincias argentinas, más la ciudad autónoma de Buenos Aires, ninguna está gobernada por La Libertad Avanza, la formación de ultraderecha que lidera Milei, quien asumió la presidencia el pasado 10 de diciembre.

Aunque hay gobernadores claramente opositores a la nueva Administración y otros más “dialoguistas”, todos los distritos se han visto afectados por el plan de ajuste fiscal equivalente al 5% del PIB emprendido por Milei y por su paquete de reformas orientado a desregular la economía y que quedó plasmado en un decreto y en el proyecto de la denominada ley ómnibus, cuyo debate parlamentario naufragó.

Los números de las cuentas públicas en enero evidencian un importante recorte en las transferencias del Estado a las provincias.

Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el gasto en transferencias totales de enero “resultó ser el menor valor real para un mes de enero de todo el periodo 1993-2024”.

Las cuentas provinciales se ven afectadas.

Por un lado, están las transferencias automáticas que el Estado debe hacer por el reparto de impuestos federales, que han mermado en términos reales. Por otro lado, están las transferencias no automáticas, que cayeron en enero un 82,8% interanual en términos reales y que se dividen en transferencias corrientes (asistencia financiera a provincias, fondos educativos, envíos a cajas de jubilaciones provinciales, entre otros) y de capital (fondos destinados a inversión pública).

Las transferencias corrientes cayeron en enero un 72% interanual en términos reales.

En cuanto a los gastos de capital, “los giros a las provincias se cortaron casi en su totalidad en energía, transporte y vivienda, mientras que en educación y en agua potable y alcantarillado se redujeron en más de un 96% real interanual”, apuntó el banco CMF.

Los recortes han tensado sobremanera las relaciones entre el Ejecutivo nacional y los gobernadores, a quienes el presidente llamó este viernes “degenerados fiscales”.

La provincia de La Rioja acudió al Supremo para pedir que se suspenda la aplicación del decreto de Milei y amenaza con emitir una cuasimoneda.

La Pampa también acudió a la Corte, pero para reclamar por la quita de subsidios al transporte. Chubut, por la misma causa, logró ya un fallo favorable en un tribunal menor. Por su parte, Río Negro y Misiones demandaron por el no envío de los fondos de incentivo docente.

Y ahora Chubut amenaza con cortar el suministro de gas y petróleo si no recibe los fondos que reclama, decisión que ha sido respaldada por la mayoría de las provincias.

Fuerte caída de actividad de pyme

La actividad de la industria manufacturera pyme de Argentina registró en enero pasado un derrumbe del 30% en comparación con el mismo mes del año pasado y una contracción del 9,1% en relación con diciembre último, informaron este domingo fuentes sectoriales.

Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en enero las empresas operaron, en promedio, a un 70,8%, de su capacidad instalada, y un 38,8% de ellas informaron dificultades para reponer sus inventarios. El sector industrial “está sintiendo fuerte el deterioro en el poder adquisitivo de la gente y la pérdida de competitividad en los mercados mundiales, que afecta a las empresas de perfil exportador”, según CAME.

 

EFE