Las diputadas Celeste Amarilla (PLRA) y Kattya González (PEN) anunciaron que impulsarán desde sus bancadas el juicio político al defensor del Pueblo, Miguel Godoy. El funcionario está en el ojo de la tormenta luego de denuncias sobre presuntas irregularidades en su gestión.

Miguel Godoy fue nuevamente nombrado como defensor del Pueblo en noviembre pasado. Es su segundo periodo.

"¿Cómo un imbécil puede ocupar un cargo tan relevante para la democracia y la República? Una persona que se mofa de las mujeres, que no respeta la investidura, que utiliza trabajadores que deberían estar al servicio de la ciudadanía para su personal doméstico", expresó este miércoles la diputada por Central Kattya González, en referencia al defensor del Pueblo, Miguel Godoy.

El funcionario fue denunciado el martes pasado por la abogada Diana Vargas, quien sostiene que con una interpretación antojadiza de la ley, Godoy cobraba desde el 2019 a los objetores de conciencia, llegando a percibir un total de G. 2.000 millones.

Asimismo, funcionarios de la misma Defensoría del Pueblo también recurrieron al Senado para denunciar presuntas irregularidades en la gestión del titular de la institución. Entre otras cosas, revelaron que una funcionaria nombrada debía desempeñarse como empleada doméstica del defensor.

"Acá hay causales sobradas, lo que no hay es mayoría, hay complicidad. Este nombramiento no es una desgracia que nos cae del cielo a los paraguayos, es parte del sostenimiento de la estructura. Recordemos que Miguel Godoy fue elegido casi por unanimidad de colorados y liberales. ¿A cambio de qué? De cuatro o cinco cargos para sus punteros y operadores", expresó al respecto la diputada González.

Por su parte, la diputada liberal Celeste Amarilla también adelantó que dialogará con su bancada para impulsar la remoción de Godoy.

"No podemos tener a esta persona ahí, no reúne las mínimas condiciones para ser defensor del Pueblo. No hemos hablado todavía afuera como para presentar hoy, pero sí, dije que voy hablar con mi bancada para eso", declaró la legisladora liberal a medios de prensa en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados.

En contrapartida, ante la denuncia penal por exacción (exigencia de pago ilegal), Godoy sostuvo que los cobros a los objetores de conciencia, en caso de no haber realizado el Servicio Militar Obligatorio (SMO), se realizaron conforme a la Ley 4013/10.

"Su denuncia (de Diana Vargas) lo único que buscó es un golpe mediático. Es gravísimo que acuda a la Fiscalía a hacer eso. La ley establece de manera clara, y yo no recaudé G. 2.000 millones. Esto va al Banco Nacional de Fomento (BNF), (luego) al Ministerio de Hacienda y después de un año, va al Presupuesto General de la Nación (PGN)", aseguró el defensor, quien también negó haber obligado a una funcionaria a trabajar de empleada doméstica.