Un Tribunal de Sentencia condenó esta noche a 14 años de prisión al comisario general Cristino Aranda, exdirector de Prevención y Seguridad de San Pedro, por haber intentado extorsionar a un “narcopiloto” boliviano que transportaba más de 300 kilos de cocaína en su aeronave en un procedimiento irregular y además tratar de frustrar un operativo antidrogas a cargo de la Senad y la Fiscalía. El caso ocurrió el 17 de mayo de 2019, en la localidad sampedrana de Huguá Guazú.

El Tribunal de Sentencia procede la lectura del fallo que condenó al comisario general Cristino Aranda y otros agentes policiales por el operativo ilegal de extorsión a narcos ocurrido el 17 de mayo de 2019.

El comisario general inspector Cristino Aranda, exdirector general de Prevención y Seguridad de la Dirección de Policía del departamento de San Pedro, recibió la condena de 14 años de prisión por el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza Gloria Hermosa e integrado por los magistrados Alba González y Víctor Alfieri.

La presentación de acusación contra el ex alto jefe policial estuvo a cargo de la agente fiscal Lorena Ledesma, quien compartió detalles de proceso.

Comisario general inspector Cristino Aranda, exdirector general de Prevención y Seguridad de la Dirección de Policía del Departamento de San Pedro.

Aranda fue arrestado la mañana del 17 de mayo de 2019 en una estancia de la localidad de Hugua Guazú, departamento de San Pedro, cuando en complicidad con un grupo de varios efectivos de distintas reparticiones policiales, trató de extorsionar a un grupo de narcotraficantes que había traficado vía aérea una carga de 304,8 kilos de cocaína de origen peruano, con escala previa en Bolivia.

El operativo antidrogas que detectó el procedimiento ilegal estuvo a cargo de agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y encabezado por Ledesma.

“Él fue el encargado de aglutinar todos los efectivos del Sistema de Emergencias 911, del GEO y de Inteligencia, entre otros, que participaron del procedimiento ilegal. En la fecha del hecho estaban todos con permiso y ninguno de ellos la nota de servicio y estaban habilitados para tomar parte de ese procedimiento. Sin embargo, fueron detenidos con sus uniformes puestos y armas reglamentarias en su poder”, explicó la fiscala Ledesma.

“La cocaína fue traficada desde Perú hasta Bolivia e de ahí introducida a Paraguay”, añadió la agente del Ministerio Público.

Señaló que la avioneta que transportaba la droga con matrícula boliviana CT-3004 aterrizó en una pista clandestina de una propiedad perteneciente a Ramón Giménez Velázquez, quien también fue condenado a 12 años de prisión en el juicio por el caso.

La agente del Ministerio Público resaltó también que la pena más alta recayó en el boliviano Luis Darío Candia Zelada, quien recibió 18 años de cárcel por tráfico internacional de estupefacientes y asociación criminal, por ser el piloto de la aeronave que introdujo la carga de cocaína al país.

Luis Darío Candia Zelada, "narcopiloto" boliviano sentenciado a 18 años de prisión por tráfico de más de 300 kilos de cocaína.
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El “narcopiloto” ya estaba procesado por el secuestro y posterior asesinato del cambista Vicente Arsenio Centurión, ocurrido 22 de agosto de 2022 en San Lorenzo.

Otros condenados

Además de los señalados con anterioridad, también fueron condenados a 12 años por su involucramiento en el hecho el oficial Aldo Rodríguez Ruiz y el suboficial inspector Óscar Federico Valdez, mientras que otros seis efectivos policiales que prestaban servicio en diversas reparticiones y fueron “reclutados” para el procedimiento ilegal fueron sentenciados a 10 años de pena privativa de libertad, según los datos.

Se trata de los oficiales Edgar Diosnel Sosa Melgarejo, Antonio Joel Quiñonez, José David Alonzo Salinas, Juan José Benítez Achucarro, Víctor Daniel Dávalos Peralta y Pablo Cabrera Escobar.

La fiscala Ledesma resaltó la participación en el ilícito del oficial Edgar Diosnel Sosa Melgarejo, asignado a la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, ya que fue a través de él que se planificó el procedimiento irregular al recabar toda la información necesaria a través de escuchas telefónicas sobre la llegada la avioneta que luego aterrizó en una pista clandestina de la propiedad de Giménez en Hugua Guazú.

También recibieron pena privativa de libertad al comprobarse su participación en el hecho punible Amado Pérez Mareco, quien purgará 13 años de cárcel, y Carlos Escobar Núñez, alias “Rubio”, sentenciado a 9 años.
 

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