"El año pasado dimos mucha prioridad a las comunidades indígenas, hemos tenido una asistencia récord, en pandemia y sin presupuesto, a comunidades indígenas que tienen sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", dijo.
Señaló que en el periodo 2021 priorizaron la atención en la Región Occidental y llegaron a unas 27 comunidades indígenas. En tanto, respecto a Amambay, Taboada explicó que firmaron un convenio con el Indert para asesorar legalmente a las comunidades campesinas que necesitan legalizar la tenencia de sus tierras.
Apuntó que tratarán de emular ello con la gobernación y los municipios del departamento.
"Tendríamos que acercarnos más a los gobiernos locales para firmar un convenio, tenemos que ver una universidad que nos apoye, sobre todo que sea de Derecho, para que puedan llevar la orientación legal", comentó.
El viceministro hizo hincapié en que se debe insistir con las casas de justicia móvil porque poca gente se acerca a los servicios estatales. Ya que también poseen presencia en instituciones como municipalidades y gobernaciones.
"Consideramos que es la forma más eficaz de que el Estado se acerque a las comunidades porque es difícil que la gente vaya a buscar la solución a sus problemas. Por eso priorizamos esa línea de acción llevando toda la infraestructura del Estado", detalló.
Taboada apuntó que los problemas que tienen estos sectores de la población son la pobreza, escasez de servicios legales gratuitos y desconfianza de los sectores legales de la justicia porque llevar un juicio es "costoso y largo".
Cabe señalar que las instituciones que acompañan este servicio son el Registro Civil, Departamento de Identificaciones, Salud Pública, INDI, el Ejército Nacional, el MEC, Ministerio de la Mujer, Niñez y Adolescencia y el Ministerio de la Juventud.










