El comisario general inspector Osvaldo Luis López Alfonzo, quien por orden del ministro del Interior fue destituido de su puesto de director general de Prevención y Seguridad de la Policía Nacional, exigió su inmediata restitución al cargo ya que asegura que la medida fue arbitraria, con tinte político y discriminatoria. López era el número 3 en la cadena de mando.

El fiscal de Abigeato de Coronel Oviedo, Édgar Torales (de traje), en la comisaría 27 de Cruce San Pedro, cuyos agentes retuvieron el toro del comisario general Osvaldo López.

El comisario general Osvaldo López, a través de su abogada Noelia María Núñez, presentó un escrito en el que se pone a disposición del fiscal de Abigeato de Coronel Oviedo, Édgar Modesto Torales Gamarra, quien el 17 de noviembre pasado abrió una investigación a partir de una denuncia formal hecha por el diputado liberal por el departamento de Caaguazú, Antonio Buzarquis.

En su denuncia por supuesto abigeato, el diputado básicamente cuestiona que el comisario general haya ordenado el 12 de noviembre pasado la liberación de un toro sin marca que le estaban llevando a su casa y que fue retenido sobre la Ruta PY02 por policías de la comisaría 27 de Cruce San Pedro, en el distrito de Coronel Oviedo.

A raíz de aquel procedimiento, el comisario general impuso una especie de arresto disciplinario a los dos suboficiales que retuvieron su toro, Fredy Duarte y Manuel Benegas, a quienes obligó a hacer guardia durante cinco días en la Comandancia, en Asunción.

Cuando saltó el escándalo, el propio ministro del Interior, Enrique Riera Escudero, anunció públicamente la destitución del comisario general Osvaldo López, quien era el número 3 de la Policía, por detrás del comandante y el subcomandante.

En el documento presentado al fiscal Édgar Torales, la abogada del comisario general consigna que “en virtud a la viralización de informaciones que nada tienen
que ver con la realidad, a fin de que el agente fiscal, cuando así lo disponga, fije fecha y hora para que el mismo preste declaración testifical, de tal manera a aportar datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos investigados”.

La abogada sugiere al fiscal la declaración testifical de Felipe Santiago Benítez Acuña, quien sería el dueño del animal que iba a comprar el comisario general; Leonardo Castillo Quintana, propietario del vehículo que transportaba el toro, y Miguel Vera, quien sería un suboficial retirado a quien identifican como testigo del proceso de compra y venta del animal.

La defensa del comisario general también presentó al fiscal Édgar Torales un título de propiedad de marca y señal de ganado, una guía de traslado y transferencia de ganado y un acta de vacunación, todos correspondientes supuestamente al animal que fue retenido en ruta y luego liberado.

No coinciden

Al respecto, el fiscal Torales dijo que la guía de traslado presentada está dirigida a un tal Sixto Morel Roa, como la persona adquiriente del animal, y no al comisario general Osvaldo López, como debería ser.

Además, el fiscal resaltó que no tienen cómo certificar que la marca que figura en el documento corresponde al toro que era llevado al comisario general Osvaldo López, ya que ese animal no tenía ninguna marca ni señal en el momento que fue retenido, según el acta de procedimiento de los policías intervinientes.

Por otra parte, el agente del Ministerio Público mencionó que también manejan una denuncia policial sobre el robo de un animal con algunas características similares al que compró el comisario general.

Asuntos Internos

El comisario general Osvaldo López también presentó otra nota dirigida al comisario general Osvaldo Ávalos, titular de la Dirección de Asuntos Internos.
En ella, López básicamente culpa al supuesto vendedor del animal, Felipe Santiago Benítez Acuña, ya que “el hecho del traslado del animal, que se hubiere realizado bajo pedido y dirección del propietario, según documentaciones que se adjuntan, es de estricta responsabilidad del mismo, y la omisión de exhibición de la documentación solicitada, se encuentra dentro de lo contemplado como falta administrativa, sin dejar de mencionar, que dicha falta es únicamente atribuíble al propietario”.

Sobre el procedimiento policial de incautación del animal, el comisario general asegura en su escrito que “con mucho respeto manifesté a los intervinientes que todas las documentaciones del animal estaban en poder del propietario, y que daba fe de la existencia de los mismos, por haberlos tenido a la vista a través de los mensajes que me fueren remitidos”.

Sin embargo, sobre este punto, los propios intervinientes viralizaron un video en el que denunciaban haber sido amenazados por el comisario general.

Osvaldo López igualmente se queja del “ensañamiento hacia mi persona, y la utilización malintencionada de la prensa como instrumento de coacción” y a la vez exige “la inmediata restitución a mi cargo, o en su defecto, a la Dirección que por grado y rango me corresponda”.

Sobre su cambio, ordenado por el propio ministro del Interior, Osvaldo López dice en su descargo que “no existe una justificación fehaciente de mi destitución, lo que la hace arbitraria, pues adquiere un tinte político, discriminatorio y de persecución”.

 

Abc Color