El juez Penal de Garantías, Humberto Otazú fijó fechas para abril para la realización de la audiencia preliminar de los acusados por la presunta adjudicación irregular para la explotación de juegos de azar.

Un grupo de senadores había presentado una denuncia innominada por una presunta evasión y sospecha de lavado de dinero en la asignación de la Quiniela y el otorgamiento de licencias irregulares para la explotación de máquinas tragamonedas.

El juez penal de Garantías, Humberto Otazú fijó para el 10, 11 y 12 de abril la audiencia preliminar para el ex titular de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), José Antonio Ortíz Báez, Ricardo Núñez, Carmen Alonso, Osmar Mongelós y Rubén Rousillon, integrantes del Consejo de Administración de Conajzar; y Álvaro Wasmosy Carrasco, dueño de la empresa que ganó la licitación para la explotación del juego de azar denominado Quiniela.

Los hechos imputados son lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, prevaricato y exacción para los ex funcionarios públicos, en tanto que el empresario Wasmosy fue acusado por declaración falsa.

Los senadores Enrique Bacchetta, Esperanza Martínez y Jorge Querey habían presentado una denuncia innominada por una presunta evasión y sospecha de lavado de dinero en la asignación de la Quiniela y el otorgamiento de licencias irregulares para la explotación de máquinas tragamonedas.

El Ministerio Público sostiene que se constataron muchas irregularidades en la concesión e incluso rebaja en el costo del canon para la Quiniela.

Con respecto al control del funcionamiento de tragamonedas, la irregularidad consistió en que se cedieron los derechos a una empresa privada, cuando que por ley, debería ser potestad de las municipalidades.

De acuerdo con una adjudicación directa, sin licitación o llamado a contratación por parte de Conajzar, la empresa iCrop SA era la firma encargada de realizar la fiscalización correspondiente.

 

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