Se trata de estrechos colaboradores del ministro de Finanzas Paulo Guedes que dejaron sus puestos en medio de las duras críticas al Gobierno porque pretende flexibilizar la política fiscal

Paulo Guedes, ministro de Economía de Brasil (Foto: REUTERS/Adriano Machado)

Dos importantes secretarios del Ministerio de Economía de Brasil renunciaron este jueves a sus cargos en medio de las duras críticas al Gobierno de Jair Bolsonaro por una maniobra con la que pretende flexibilizar la política fiscal para poder elevar los gastos en 2022, cuando el país celebrará elecciones generales.

Las renuncias del secretario especial del Tesoro y Presupuesto, Bruno Funchal, y del secretario del Tesoro Nacional, Jéferson Bittencourt, dos importantes colaboradores del ministro de Economía, Paulo Guedes, fueron confirmadas este jueves por su cartera en un comunicado.

 

Pese a que el Ministerio atribuyó las dimisiones a “motivos personales”, los dos secretarios que dejaron sus puestos son los principales responsables por las medidas para impedir un mayor aumento del enorme déficit en las cuentas públicas brasileñas, que puede agravarse con la maniobra anunciada el miércoles por el Gobierno.

El Ministerio informó igualmente que también renunciaron a sus cargos “por motivos personales” la secretaria adjunta del Tesoro y Presupuesto, Gildenora Dantas, y el secretario adjunto del Tesoro Nacional, Rafael Araujo.

“Las peticiones fueron hechas para permitir un proceso de transición y de continuidad en todos los compromisos tanto de la secretaría de Presupuesto como en la del Tesoro Nacional”, afirmó el Ministerio en una escueta nota en la que no divulgó más detalles.

Las renuncias fueron anunciadas tras el cierre del mercado bursátil y luego de que la bolsa de Sao Paulo sufriera otra fuerte caída (-2,75%) y el dólar llegara a su mayor nivel en varias semanas por los temores de los inversores a que el Gobierno permita un total desajuste en las cuentas públicas por intereses electorales.

El temor surgió luego de que el Gobierno admitiera que puede adoptar una medida que le permitiría violar provisionalmente el techo de los gastos públicos que se impuso para el próximo año para poder financiar un programa de subsidios sociales hasta finales de 2022, año en que se celebrarán las elecciones presidenciales, a las que el presidente Jair Bolsonaro pretende presentarse.

El gobierno de Jair Bolsonaro pretende flexibilizar la política fiscal para poder elevar los gastos en 2022 de cara a las elecciones presidenciales (Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino)

La víspera, el ministro de Economía, Paulo Guedes, afirmó que su equipo “está estudiando” las alternativas para financiar el programa social e insinuó que una de ellas sería romper el límite de gastos permitido en el presupuesto del Gobierno para el año.

La nueva política de distribución de subsidios a los más pobres anunciada por Bolsonaro, por su parte, elevará el total de familias beneficiadas de los actuales 14,7 millones hasta 17 millones y aumentará en un 20% el valor concedido, hasta un mínimo de 400 reales mensuales (unos 70 dólares) por familia.

Los temores del mercado se agravaron este jueves luego de que Bolsonaro también prometiera un subsidio, igualmente de 400 reales mensuales, para los cerca de 750.000 camioneros afectados por el aumento de los precios del diésel.

Según economistas, los nuevos subsidios obligarían al Gobierno a elevar en cerca de 80.000 millones de reales (unos 14.285 millones de dólares) los gastos públicos del próximo año y dispararían el déficit fiscal del país.

Pese a que el equipo económico del Gobierno venía oponiéndose a la nueva política de subsidios por la amenaza a la situación fiscal, el Ejecutivo al parecer logró un acuerdo con la mayoría parlamentaria para poner en marcha el plan de gastos en un año de elecciones presidenciales, legislativas y regionales.

Los aliados en el Congreso han trabajado apresuradamente para abrir espacio a más gastos durante el año electoral. El legislador Hugo Motta ofreció el jueves cambiar el calendario para un ajuste anual del límite de gasto como parte de una enmienda constitucional para dividir los pagos de deudas del Gobierno ordenados por una corte.

En conjunto, las medidas abrirían espacio para casi 96.000 millones de reales de gasto adicional el próximo año, tuiteó Felipe Salto, jefe de la entidad fiscalizadora IFI del Senado, citando cálculos preliminares.

La propuesta para eximir más gasto social del límite de gasto “ya está poniendo en peligro la credibilidad de la sostenibilidad fiscal”, escribieron analistas de JP Morgan, agregando que los responsables monetaros pueden volverse aún más agresivas con un aumento de 150 puntos básicos la próxima semana.

Además, advirtieron sobre un nuevo estímulo “contraproducente” al obligar al Banco Central a endurecer las condiciones financieras, lo que amenaza un pronóstico que apunta a que la economía crezca un 0,9% el próximo año.