Silvana Luraghi, coordinadora de la Oficina Técnica Penal, se refirió a la implementación de las tobilleras tras la aplicación del arresto domiciliario con el mencionado dispositivo para un procesado por supuesta violencia familiar.

En comunicación indicó que por una cuestión de “prudencia”, solicitaron a los jueces que la medida no sea implementada hasta que se pueda delinear los instructivos para su uso, primeramente, en la capital y luego en otras zonas del país.

El protocolo y el reglamento ya existen, pero falta un trámite del Poder Judicial para que se puedan afinar los detalles para que puedan ser implementadas. “

Estaríamos trabajando en este enero en los instructivos de los hechos punibles que serían objetos de la portación de dispositivos electrónicos”, señaló.

La coordinadora destacó que los dispositivos electrónicos son herramientas que dan garantía al procesado y que los jueces deben siempre proteger a la víctima y a la sociedad. Sin embargo, no en todos los casos se recomendará el uso de las tobilleras electrónicas.

Luraghi reveló que una de los puntos del instructivo reglamenta que las victimas también podrán ser monitoreadas a través de sus teléfonos celulares, donde podrán descargar un programa donde pueden acceder a un botón de pánico en caso que el victimario se acerque al sitio donde vive.

“Esto no será obligatorio y queda a voluntad de la víctima, va a quedar a merced de su consentimiento. No se le puede obligar a utilizar”, aclaró la funcionaria.

Alberto Segovia Martínez, un hombre que casi mató a golpes a su ex pareja el pasado 11 de diciembre, es el primer beneficiado con las tobilleras electrónicas por decisión de los camaristas Alicia Orrego y Óscar Rodríguez Kennedy que votaron a favor. El juez Joel Melgarejo votó en contra.

Pago mensual

La Ley 6568 autoriza el uso de dispositivos electrónicos en formato de tobilleras que correrá a criterio de cada juez.

Cada dispositivo tiene un costo estimado entre G. 2.009.000 a G. 2.100.000, que deberá ser abonado por los beneficiarios con esta medida alternativa. En caso de declararse su insolvencia, el costo será absorbido por el Ministerio del Interior, explicó el director del Sistema 911, Hernán Escobar.

Las tobilleras podrán ser utilizadas por personas beneficiadas con arresto domiciliario, en caso de los procesados o prisión domiciliaria, para los condenados. La persona contará con un perímetro, con medidas de exclusión y no acercamiento a víctimas en casos de violencia intrafamiliar.

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