Según determinó el juez que supervisa la investigación a cargo de la Fiscalía, el video que registró una reunión ministerial que se celebró el pasado 22 de abril deberá ser difundido en forma parcial, con una edición que solo mostrará lo que tenga relación con el caso.

El magistrado Celso de Mello, decano de la Corte Suprema de Brasil, ordenó este viernes la divulgación de un video que pudiera comprometer al jefe de Estado, Jair Bolsonaro, en una investigación sobre supuestas injerencias ilegales en la Policía Federal. Sin embargo, se decidió eliminar solo dos extractos, que contienen comentarios sobre China y Paraguay.

Según determinó el juez, que supervisa la investigación a cargo de la Fiscalía, el video que registró una reunión ministerial que se celebró el pasado 22 de abril deberá ser difundido en forma parcial, con una edición que solo mostrará lo que tenga relación con el caso, menciona Efe.

El vídeo, que puede ser hecho público a partir de este momento, es de una reunión de Bolsonaro con su gabinete, fue grabado en la sede de la Presidencia y, según afirma el ex ministro de Justicia Sergio Moro, sería una de las pruebas de las supuestas “presiones” e “injerencias ilegales” del mandatario en la Policía Federal.

Moro renunció días después de esa reunión ministerial y atribuyó su decisión a esas “presiones” de Bolsonaro sobre un órgano policial autónomo, las cuales calificó de “injerencia política inaceptable”.

Las sospechas vertidas por Moro llevaron a la Fiscalía a iniciar una investigación, supervisada por el decano del Supremo, quien hace diez días determinó que la Presidencia debía entregar el video a la Justicia.

Las imágenes ya han sido analizadas y Celso de Mello decidió este viernes que sean hechas públicas, pero limitó el contenido que será difundido a lo relacionado estrictamente con la averiguación.

El contenido que no se hará público es donde supuestamente Bolsonaro se refiere con comentarios ofensivos hacia China y Paraguay. Se busca que esto no traiga conflictos diplomáticos al Brasil.

En el marco de esa investigación, el magistrado también pidió este viernes a la Fiscalía que analice la posible necesidad de que sean incautados los teléfonos móviles del gobernante y de uno de sus hijos, Carlos, quien es concejal en Río de Janeiro, sobre la base de algunas noticias publicadas en medios locales.